3.9. Sectores Gobierno y General
Los Sectores de Gobierno y Secretaría General comprenden una amplia gama de asuntos de la
ciudad. Incluyen temas relacionados con el territorio, la participación, la descentralización
político administrativa, el fortalecimiento de la democracia, la construcción de paz, la seguridad,
derechos humanos y convivencia, así como el control social y ciudadano sobre los asuntos
públicos, la lucha contra la corrupción y la racionalización de la administración pública, entre
otros.
Podemos mencionar que este Sector comprende las Secretarías de Gobierno y General, y que
de ellas dependen las Alcaldías Locales, IDPAC, el Servicio Civil, la Consejería para víctimas y
se relacionan con la totalidad de las entidades distritales, y otras entidades más.
Tanto el documento Bases para el Plan de Desarrollo como el Proyecto de Articulado, hacen
planteamientos generales y un poco gaseosos, lo que resulta preocupante, más si se tiene en
cuenta que el PDD no es un documento político –que también lo es- sino la guía de la acción de
gobierno, sus programas, estrategias, y los proyectos y recursos que les destinara en los
próximos cuatro años. La gran mayoría de las políticas enunciadas de manera general resultan
imposibles de medir en el tiempo y el espacio. Los proyectos esbozados les falta mayor
elaboración en su formulación.
3.9.1. Respeto por lo público
El CTPD señala que el eje más desdibujado, el menos explicado, es el de defensa de lo público.
Este está construido con estrategias de lucha contra la corrupción, reconociendo en el
ciudadano el máximo nivel de respeto y ejercicio de lo público, por el lo cual no debería ser un
programa de gobierno sino una norma de conducta.
Durante décadas el patrimonio público, no solamente el erario, ha sido aprovechado por la
empresa privada con criterios definidos desde el interés privado. Las grandes inversiones
públicas, además de generar los beneficios que están previstos para la ciudadanía, generan
muy importantes rentas para el sector privado que no son recuperadas por el Estado. La
infraestructura de transporte masivo es la más tangible prueba de ello. Beneficia a la
ciudadanía, pero genera beneficios más allá de lo razonable para unas pocas empresas que
desplazaron sectores populares de transportadores. Los apoyos para el sector cultural se dan
de manera preferente para aquellas expresiones impulsadas por un círculo cerrado que ha
definido para todos lo que es culturalmente aceptable. Nada se hace para fomentar y difundir
identidades, criterios y valoraciones culturales construidas colectivamente, o para fomentar la
creación cultural desde los saberes de la diferencia y lo local. El espacio público y los bienes de
uso público, las normas urbanas son presa de intereses particulares que, se concertan a
espalda de la ciudadanía.
El Distrito debe recuperar la ética en el manejo del patrimonio público para que su acción, no
sólo sea transparente –un atributo que no debería buscarse sino que debe ser connatural a la
acción pública- sino claramente encaminado a la búsqueda del bien común. En un escenario
donde el Distrito defina públicamente los derroteros y limite a una gestión puramente
instrumental, la acción de las empresas privadas es bienvenida. Solamente así los intereses
privados no se sobrepondrán a los públicos.
Lo publico como un asunto de todos, es otra garantía de los derechos humanos, políticos,
sociales, económicos y ambientales de los bogotanos.
El CPTD hace énfasis en la necesidad de fortalecer el PDD en los contenidos que desarrollan la
participación, la descentralización y la seguridad.
3.9.2. Participación
En relación con la Participación se destaca la apuesta por los presupuestos participativos en los
niveles distrital, local y por micro territorios. Llama la atención también el proyecto de la
racionalización y ajuste del Sistema Distrital de Participación, y, además, resulta novedoso el
proyecto que busca la promoción y fortalecimiento de la participación de organizaciones,
movimientos sociales y comunitarios.
El CTPD, sin embargo, señala que la participación debe ser mucho más que los presupuestos
participativos, o esquemas como los cabildos abiertos o los encuentros ciudadanos que se han
convertido en mecanismos institucionales a los que la ciudadanía acude, al comienzo de los
gobiernos con la esperanza del cambio, pero termina comprendiendo que se trata del
cumplimiento de un formalismo necesario para cumplir con los requisitos contemplados por la
norma, que le otorgue legitimidad a la administración de turno.
Por tanto el CTPD está en la mejor de las disposiciones para acompañar y para ejecutar las
tareas de participación propias de nuestras funciones constitucionales y legales. Así nos lo
reclaman nuestros pares de otros territorios y de otras instancias de participación y, sobre todo,
la comunidad de base que representamos en Bogotá. Pero esa tarea debe ser facilitada por
herramientas sin las cuales es imposible un trabajo responsable:
El necesario proceso formativo a servidores públicos y comunidades para que la participación
deje ser dos monólogos en el mismo espacio físico. Los servidores públicos con capacidad
decisoria deben encabezar los procesos de participación con el respeto y la paciencia para
explicar sus propuestas, de tal manera que el ciudadano menos capacitado pueda entender
decisiones complejas y con gran contenido técnico, pues el funcionario tiene la capacidad para
hacerlas sencillas (pedagogía urbana para elevar el debate público). Además el servidor público
debe tener la capacidad de entender la esencia de las propuestas ciudadanas,
independientemente del nivel de formación y conocimiento de quien las formula, pues es el
ciudadano el que tiene el conocimiento real de sus propias necesidades y de su territorio,
(pedagogía ciudadana para que el funcionario público aprenda de la ciudad). Ese doble ejercicio
de respeto y aprendizaje simétrico permitirá que el servidor público reformule las propuestas
ciudadanas en el lenguaje técnico que maneja para, posteriormente darle una respuesta clara
de las razones por las cuales se va a tomar la decisión en uno u otro sentido, y la forma en que
se refleja la propuesta ciudadana en la respuesta de la administración.
Además, deben establecerse esquemas que faciliten y democraticen el acceso a la información
sin intermediación de funcionarios o de actores políticos. Es una forma para cualificar la
discusión de la gestión de los intereses públicos en las comunidades.
Solamente así, con modelos que faciliten la consulta previa a la sociedad civil se logra definir
reglas de juego claras, aceptadas por todos, y construir confianzas mutuas. A partir de una
definición de unas reglas claras de las formas y los escenarios de la participación, sí se puede
definir la Agenda de ciudad para la participación social (comunitaria y ciudadana).
Es necesario, de otra parte fortalecer la organización social interesada y agrupada en la gestión
de cada uno de los sectores y cualificar los mecanismos, formas e instancias de participación
para avanzar en la implementación, control y seguimiento de la Políticas Publicas y otras tareas
misionales, donde se requiera de la participación. Solamente así se logra un verdadero ejercicio
de control social y de veedurías ciudadanas cualificadas en áreas que permitan acompañar los
diferentes procesos de la gestión publica.
Se deben definir los métodos de ayudas e incentivos hacia las organizaciones, personas e
instancias que hacen y forman parte de la participación, esto crea unos actores de fortalecidos
que ayudan en los seguimientos a los procesos que se ejecutan en la ciudad.
El CTPD considera indispensable la construcción concertada del Sistema Distrital de
Planeación, en la que las Autoridades Distritales, respeten y acudan a las distintas instancias
para la Planeación Participativa, desarrollando de manera conjunta la Política Publica de
Participación (Decreto 503 de noviembre de 2011) que debe determinar la reforma de los
Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000, que son instrumentos legales que imponen unos modelos
de participación meramente formales que han alejado a la ciudad de la discusión de la gestión y
los intereses públicos y han permitido el surgimiento de guetos y mafias de la participación
Las mismas reflexiones plantea el CTPD en relación con la implementación y desarrollo
conjunto del Sistema Distrital de Participación (Decreto 448 de 2007) y sobre la construcción
concertada del Sistema Distrital de Presupuestos Participativos (Acuerdo 257 de 2006). Son
tres (3) sistemas que responden a lógicas y procedimientos distintos y que no responden a los
claros principios y presupuestos construidos conjuntamente en la Política Publica de
Participación (Decreto 503 de noviembre de 2011).
De esta manera, al articular los tres sistemas se puede definir la agenda para la puesta en
marcha de tareas que corresponden al Consejo Territorial de Planeación Distrital y a los
Consejos Locales de Planeación.
En participación nada se señala en el PDD en relación con la necesaria construcción de
escenarios de concertación de las acciones tendientes a fortalecer los Subsistemas regionales
de planeación en conjunto con los municipios y provincias de Cundinamarca cercanos a la
capital de la república, participando en los procesos de implementación del Sistema Nacional de
Planeación definidos en el Plan de Desarrollo Nacional. La visión regional de que adolece el
PDD también se hace manifiesta en el tema de la Participación.
3.9.3. Descentralización
Una de las inequidades sociales más grandes es la que se expresa en la mayoría de las
localidades, en las que sus habitantes no tiene acceso efectivo al aparato distrital, buena parte
de sus bienes y servicios.
Cualquiera de las Alcaldías Locales atiende una población que podría equipararse a una de las
primeras diez ciudades del país. Los Alcaldes Locales, por otra parte, deben cumplir con
alrededor de 102 funciones públicas que les han sido asignadas por desconcentración. Sus
plantas de personal son absolutamente insuficientes y son pocos los funcionarios con que
cuentan, con adecuadas capacidades técnicas y profesionales.
Cualquiera de los municipios del país con similares poblaciones y con tensiones
socioeconómicas menores, tiene una planta de personal y de recursos, mucho más amplia.
Los bogotanos vemos a la administración distante y ajena. La capacidad de respuesta de las
localidades es limitada. La democracia local es débil e ignorada. La capacidad de proveer
bienes y servicios en el territorio barrial, depende de procesos indignos de intermediación
política o de largos procesos de gestión de los pocos líderes sociales que tienen dinero y tiempo
para gestionarlos con el sector central del distrito
El plan de desarrollo señala dentro de sus objetivos el de “Fortalecer la gobernabilidad
democrática local. Ampliar las capacidades de provisión eficiente y eficaz de servicios y
acciones de inspección, vigilancia y control entre las localidades y el nivel central”.
Igualmente señala como estrategia la de “Garantizar una estructura administrativa distrital
eficiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía.”
Este objetivo y esa estrategia, se convierten en lugar común y en buenas intensiones puesto
que no se corresponden con programas y proyectos específicos a los cuales se les asignen
presupuestos, ni se establezcan indicadores y metas que permitan evaluar su real desarrollo.
Tampoco se definen responsables de desarrollar tan importante acción.
En el documento de Plan de Desarrollo en ningunos de sus apartes se tiene relación con la
necesaria revisión del número y jurisdicción de las localidades.
3.9.4. Seguridad y convivencia
En los textos de seguridad Humana planteadas por Naciones Unidas, cambia la visión que
frente a temas Convivencia se tienen, llama la atención desde donde se enfoca los argumentos
de ciudad, que se conjuga con lo tradicional del esquema policivo - represivo, lo antes expuesto
en las primeras líneas fortalece el primer eje del PDD permitiría poner en evidencia todo un
esquema e inversiones públicas en un enfoque que privilegia la atención de las causas de la
violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana, así como las acciones de prevención y
atención de jóvenes, habitantes de calle y población vulnerable.
El CTPD señala que el borrador de PDD no pone en evidencia que la mayoría de los programas
estrategias y proyectos del eje de equidad, están también encaminados a la búsqueda de la
convivencia, la no discriminación, la tolerancia y el reconocimiento de los derechos de las
minorías sobresale, como un enfoque que ataca condiciones que fomentan la inseguridad.
Nada dice el PDD de las condiciones del espacio público, su mantenimiento, el aseo, su disfrute
de que sea objeto, su mismo diseño y la iluminación que tenga, así como el adecuado y
continuo uso que de él haga la ciudadanía, como una condición físico urbana que ataca la
inseguridad.
Es destacable la introducción de la atención y garantía a los derechos de las víctimas del
conflicto, para lo cual el PDD plantea acciones para atenderlo a nivel distrital. Pero hay que
garantizar la institucionalidad y los recursos garantizados para el PIU – Plan Integral Único de
atención a la población desplazada y la agenda de sus respectivas organizaciones (ver anexo).
Llama también la atención el hecho de la inexistencia de proyectos que atiendan las mayores
preocupaciones de la ciudadanía -especialmente de los barrios de la periferia- referentes al
microtráfico, señalado por las propias autoridades como el mayor causante de los temas de
violencia, sicariato e inseguridad. Las comunidades señalan la existencia de verdaderas mafias
ligadas a este fenómeno, no tratado en el PDD. Relacionado con esto, además resulta
preocupante la no inclusión del problema referido al papel de las autoridades frente al manejo y
control de los lugares de expendio de drogas y la participación de la ciudadanía. Resulta
inquietante que en relación con el tema de la seguridad no se mencione por ninguna parte la
cuestión de la INTELIGENCIA. No se sabe si es un tema que es de competencia exclusiva de
otras entidades territoriales o de autoridades diferentes a la Administración de la Ciudad.
3.9.5. Elementos de análisis
Es de esperar que en temas de atención a poblaciones vulnerables, factores de violencia e
inseguridad y de acciones que miden la seguridad ciudadana se tengan estadísticas desde las
cuales se puedan medir las metas esperadas. Todo el articulado se encuentra lleno de verbos
que reflejan tan sólo buenas intenciones. No existe el cómo, ni responsables, presupuestos, ni
estrategias para garantizar el sentido de corresponsabilidad con la ciudadanía.
El CTPD considera que las entidades distritales no deben gestionar recursos locales para
desarrollar sus programas en las Localidades. Es necesario que los recursos de las localidades
se inviertan en las necesidades no cubiertas por el sector central del distrito o de sus empresas.
A propósito se propone profundizar los procesos de descentralización recogiendo el Manifiesto
de la Descentralización construido de manera participativa por el Consejo Territorial de
Planeación Distrital junto con las JAL durante el año 2011.
El CTPD señala que la población LGTBI, en la Propuesta de PDD, se encuentra invisibilizada
en cuanto a lo propuesto por sus organizaciones e instancias y preocupa que se quiera
direccionar la política pública en todos sus componentes hacia la Secretaría de Integración
Social, cuando se tienen espacios construidos en otras Secretarías, como es el caso de
Gobierno (IDPAC) donde ya se encuentran los Centros Comunitarios LGBTI, que podrían ser
desconocidos y anulados si toda la política pública en relación con la población se traslada de la
secretaria antes mencionada. Esta población considera que la política no se puede reducir al
goce efectivo del derecho, sino que debe garantizarse el tener la posibilidad de profundizar en
la discusión conceptual y de las categorías a través del enfoque de los derechos. Se trae a
mención dicha población para manifestar la preocupación no solo de estos sectores, sino de
algunos de otros sectores como la Población mayor, Afrobogotanos, indígenas, infancia,
mujeres, culturales entre otras poblaciones
RECOMENDACIONES DEL CTPD
Programas:
Proyectos:
Metas:
Los Sectores de Gobierno y Secretaría General comprenden una amplia gama de asuntos de la
ciudad. Incluyen temas relacionados con el territorio, la participación, la descentralización
político administrativa, el fortalecimiento de la democracia, la construcción de paz, la seguridad,
derechos humanos y convivencia, así como el control social y ciudadano sobre los asuntos
públicos, la lucha contra la corrupción y la racionalización de la administración pública, entre
otros.
Podemos mencionar que este Sector comprende las Secretarías de Gobierno y General, y que
de ellas dependen las Alcaldías Locales, IDPAC, el Servicio Civil, la Consejería para víctimas y
se relacionan con la totalidad de las entidades distritales, y otras entidades más.
Tanto el documento Bases para el Plan de Desarrollo como el Proyecto de Articulado, hacen
planteamientos generales y un poco gaseosos, lo que resulta preocupante, más si se tiene en
cuenta que el PDD no es un documento político –que también lo es- sino la guía de la acción de
gobierno, sus programas, estrategias, y los proyectos y recursos que les destinara en los
próximos cuatro años. La gran mayoría de las políticas enunciadas de manera general resultan
imposibles de medir en el tiempo y el espacio. Los proyectos esbozados les falta mayor
elaboración en su formulación.
3.9.1. Respeto por lo público
El CTPD señala que el eje más desdibujado, el menos explicado, es el de defensa de lo público.
Este está construido con estrategias de lucha contra la corrupción, reconociendo en el
ciudadano el máximo nivel de respeto y ejercicio de lo público, por el lo cual no debería ser un
programa de gobierno sino una norma de conducta.
Durante décadas el patrimonio público, no solamente el erario, ha sido aprovechado por la
empresa privada con criterios definidos desde el interés privado. Las grandes inversiones
públicas, además de generar los beneficios que están previstos para la ciudadanía, generan
muy importantes rentas para el sector privado que no son recuperadas por el Estado. La
infraestructura de transporte masivo es la más tangible prueba de ello. Beneficia a la
ciudadanía, pero genera beneficios más allá de lo razonable para unas pocas empresas que
desplazaron sectores populares de transportadores. Los apoyos para el sector cultural se dan
de manera preferente para aquellas expresiones impulsadas por un círculo cerrado que ha
definido para todos lo que es culturalmente aceptable. Nada se hace para fomentar y difundir
identidades, criterios y valoraciones culturales construidas colectivamente, o para fomentar la
creación cultural desde los saberes de la diferencia y lo local. El espacio público y los bienes de
uso público, las normas urbanas son presa de intereses particulares que, se concertan a
espalda de la ciudadanía.
El Distrito debe recuperar la ética en el manejo del patrimonio público para que su acción, no
sólo sea transparente –un atributo que no debería buscarse sino que debe ser connatural a la
acción pública- sino claramente encaminado a la búsqueda del bien común. En un escenario
donde el Distrito defina públicamente los derroteros y limite a una gestión puramente
instrumental, la acción de las empresas privadas es bienvenida. Solamente así los intereses
privados no se sobrepondrán a los públicos.
Lo publico como un asunto de todos, es otra garantía de los derechos humanos, políticos,
sociales, económicos y ambientales de los bogotanos.
El CPTD hace énfasis en la necesidad de fortalecer el PDD en los contenidos que desarrollan la
participación, la descentralización y la seguridad.
3.9.2. Participación
En relación con la Participación se destaca la apuesta por los presupuestos participativos en los
niveles distrital, local y por micro territorios. Llama la atención también el proyecto de la
racionalización y ajuste del Sistema Distrital de Participación, y, además, resulta novedoso el
proyecto que busca la promoción y fortalecimiento de la participación de organizaciones,
movimientos sociales y comunitarios.
El CTPD, sin embargo, señala que la participación debe ser mucho más que los presupuestos
participativos, o esquemas como los cabildos abiertos o los encuentros ciudadanos que se han
convertido en mecanismos institucionales a los que la ciudadanía acude, al comienzo de los
gobiernos con la esperanza del cambio, pero termina comprendiendo que se trata del
cumplimiento de un formalismo necesario para cumplir con los requisitos contemplados por la
norma, que le otorgue legitimidad a la administración de turno.
Por tanto el CTPD está en la mejor de las disposiciones para acompañar y para ejecutar las
tareas de participación propias de nuestras funciones constitucionales y legales. Así nos lo
reclaman nuestros pares de otros territorios y de otras instancias de participación y, sobre todo,
la comunidad de base que representamos en Bogotá. Pero esa tarea debe ser facilitada por
herramientas sin las cuales es imposible un trabajo responsable:
El necesario proceso formativo a servidores públicos y comunidades para que la participación
deje ser dos monólogos en el mismo espacio físico. Los servidores públicos con capacidad
decisoria deben encabezar los procesos de participación con el respeto y la paciencia para
explicar sus propuestas, de tal manera que el ciudadano menos capacitado pueda entender
decisiones complejas y con gran contenido técnico, pues el funcionario tiene la capacidad para
hacerlas sencillas (pedagogía urbana para elevar el debate público). Además el servidor público
debe tener la capacidad de entender la esencia de las propuestas ciudadanas,
independientemente del nivel de formación y conocimiento de quien las formula, pues es el
ciudadano el que tiene el conocimiento real de sus propias necesidades y de su territorio,
(pedagogía ciudadana para que el funcionario público aprenda de la ciudad). Ese doble ejercicio
de respeto y aprendizaje simétrico permitirá que el servidor público reformule las propuestas
ciudadanas en el lenguaje técnico que maneja para, posteriormente darle una respuesta clara
de las razones por las cuales se va a tomar la decisión en uno u otro sentido, y la forma en que
se refleja la propuesta ciudadana en la respuesta de la administración.
Además, deben establecerse esquemas que faciliten y democraticen el acceso a la información
sin intermediación de funcionarios o de actores políticos. Es una forma para cualificar la
discusión de la gestión de los intereses públicos en las comunidades.
Solamente así, con modelos que faciliten la consulta previa a la sociedad civil se logra definir
reglas de juego claras, aceptadas por todos, y construir confianzas mutuas. A partir de una
definición de unas reglas claras de las formas y los escenarios de la participación, sí se puede
definir la Agenda de ciudad para la participación social (comunitaria y ciudadana).
Es necesario, de otra parte fortalecer la organización social interesada y agrupada en la gestión
de cada uno de los sectores y cualificar los mecanismos, formas e instancias de participación
para avanzar en la implementación, control y seguimiento de la Políticas Publicas y otras tareas
misionales, donde se requiera de la participación. Solamente así se logra un verdadero ejercicio
de control social y de veedurías ciudadanas cualificadas en áreas que permitan acompañar los
diferentes procesos de la gestión publica.
Se deben definir los métodos de ayudas e incentivos hacia las organizaciones, personas e
instancias que hacen y forman parte de la participación, esto crea unos actores de fortalecidos
que ayudan en los seguimientos a los procesos que se ejecutan en la ciudad.
El CTPD considera indispensable la construcción concertada del Sistema Distrital de
Planeación, en la que las Autoridades Distritales, respeten y acudan a las distintas instancias
para la Planeación Participativa, desarrollando de manera conjunta la Política Publica de
Participación (Decreto 503 de noviembre de 2011) que debe determinar la reforma de los
Acuerdos 12 de 1994 y 13 de 2000, que son instrumentos legales que imponen unos modelos
de participación meramente formales que han alejado a la ciudad de la discusión de la gestión y
los intereses públicos y han permitido el surgimiento de guetos y mafias de la participación
Las mismas reflexiones plantea el CTPD en relación con la implementación y desarrollo
conjunto del Sistema Distrital de Participación (Decreto 448 de 2007) y sobre la construcción
concertada del Sistema Distrital de Presupuestos Participativos (Acuerdo 257 de 2006). Son
tres (3) sistemas que responden a lógicas y procedimientos distintos y que no responden a los
claros principios y presupuestos construidos conjuntamente en la Política Publica de
Participación (Decreto 503 de noviembre de 2011).
De esta manera, al articular los tres sistemas se puede definir la agenda para la puesta en
marcha de tareas que corresponden al Consejo Territorial de Planeación Distrital y a los
Consejos Locales de Planeación.
En participación nada se señala en el PDD en relación con la necesaria construcción de
escenarios de concertación de las acciones tendientes a fortalecer los Subsistemas regionales
de planeación en conjunto con los municipios y provincias de Cundinamarca cercanos a la
capital de la república, participando en los procesos de implementación del Sistema Nacional de
Planeación definidos en el Plan de Desarrollo Nacional. La visión regional de que adolece el
PDD también se hace manifiesta en el tema de la Participación.
3.9.3. Descentralización
Una de las inequidades sociales más grandes es la que se expresa en la mayoría de las
localidades, en las que sus habitantes no tiene acceso efectivo al aparato distrital, buena parte
de sus bienes y servicios.
Cualquiera de las Alcaldías Locales atiende una población que podría equipararse a una de las
primeras diez ciudades del país. Los Alcaldes Locales, por otra parte, deben cumplir con
alrededor de 102 funciones públicas que les han sido asignadas por desconcentración. Sus
plantas de personal son absolutamente insuficientes y son pocos los funcionarios con que
cuentan, con adecuadas capacidades técnicas y profesionales.
Cualquiera de los municipios del país con similares poblaciones y con tensiones
socioeconómicas menores, tiene una planta de personal y de recursos, mucho más amplia.
Los bogotanos vemos a la administración distante y ajena. La capacidad de respuesta de las
localidades es limitada. La democracia local es débil e ignorada. La capacidad de proveer
bienes y servicios en el territorio barrial, depende de procesos indignos de intermediación
política o de largos procesos de gestión de los pocos líderes sociales que tienen dinero y tiempo
para gestionarlos con el sector central del distrito
El plan de desarrollo señala dentro de sus objetivos el de “Fortalecer la gobernabilidad
democrática local. Ampliar las capacidades de provisión eficiente y eficaz de servicios y
acciones de inspección, vigilancia y control entre las localidades y el nivel central”.
Igualmente señala como estrategia la de “Garantizar una estructura administrativa distrital
eficiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía.”
Este objetivo y esa estrategia, se convierten en lugar común y en buenas intensiones puesto
que no se corresponden con programas y proyectos específicos a los cuales se les asignen
presupuestos, ni se establezcan indicadores y metas que permitan evaluar su real desarrollo.
Tampoco se definen responsables de desarrollar tan importante acción.
En el documento de Plan de Desarrollo en ningunos de sus apartes se tiene relación con la
necesaria revisión del número y jurisdicción de las localidades.
3.9.4. Seguridad y convivencia
En los textos de seguridad Humana planteadas por Naciones Unidas, cambia la visión que
frente a temas Convivencia se tienen, llama la atención desde donde se enfoca los argumentos
de ciudad, que se conjuga con lo tradicional del esquema policivo - represivo, lo antes expuesto
en las primeras líneas fortalece el primer eje del PDD permitiría poner en evidencia todo un
esquema e inversiones públicas en un enfoque que privilegia la atención de las causas de la
violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana, así como las acciones de prevención y
atención de jóvenes, habitantes de calle y población vulnerable.
El CTPD señala que el borrador de PDD no pone en evidencia que la mayoría de los programas
estrategias y proyectos del eje de equidad, están también encaminados a la búsqueda de la
convivencia, la no discriminación, la tolerancia y el reconocimiento de los derechos de las
minorías sobresale, como un enfoque que ataca condiciones que fomentan la inseguridad.
Nada dice el PDD de las condiciones del espacio público, su mantenimiento, el aseo, su disfrute
de que sea objeto, su mismo diseño y la iluminación que tenga, así como el adecuado y
continuo uso que de él haga la ciudadanía, como una condición físico urbana que ataca la
inseguridad.
Es destacable la introducción de la atención y garantía a los derechos de las víctimas del
conflicto, para lo cual el PDD plantea acciones para atenderlo a nivel distrital. Pero hay que
garantizar la institucionalidad y los recursos garantizados para el PIU – Plan Integral Único de
atención a la población desplazada y la agenda de sus respectivas organizaciones (ver anexo).
Llama también la atención el hecho de la inexistencia de proyectos que atiendan las mayores
preocupaciones de la ciudadanía -especialmente de los barrios de la periferia- referentes al
microtráfico, señalado por las propias autoridades como el mayor causante de los temas de
violencia, sicariato e inseguridad. Las comunidades señalan la existencia de verdaderas mafias
ligadas a este fenómeno, no tratado en el PDD. Relacionado con esto, además resulta
preocupante la no inclusión del problema referido al papel de las autoridades frente al manejo y
control de los lugares de expendio de drogas y la participación de la ciudadanía. Resulta
inquietante que en relación con el tema de la seguridad no se mencione por ninguna parte la
cuestión de la INTELIGENCIA. No se sabe si es un tema que es de competencia exclusiva de
otras entidades territoriales o de autoridades diferentes a la Administración de la Ciudad.
3.9.5. Elementos de análisis
Es de esperar que en temas de atención a poblaciones vulnerables, factores de violencia e
inseguridad y de acciones que miden la seguridad ciudadana se tengan estadísticas desde las
cuales se puedan medir las metas esperadas. Todo el articulado se encuentra lleno de verbos
que reflejan tan sólo buenas intenciones. No existe el cómo, ni responsables, presupuestos, ni
estrategias para garantizar el sentido de corresponsabilidad con la ciudadanía.
El CTPD considera que las entidades distritales no deben gestionar recursos locales para
desarrollar sus programas en las Localidades. Es necesario que los recursos de las localidades
se inviertan en las necesidades no cubiertas por el sector central del distrito o de sus empresas.
A propósito se propone profundizar los procesos de descentralización recogiendo el Manifiesto
de la Descentralización construido de manera participativa por el Consejo Territorial de
Planeación Distrital junto con las JAL durante el año 2011.
El CTPD señala que la población LGTBI, en la Propuesta de PDD, se encuentra invisibilizada
en cuanto a lo propuesto por sus organizaciones e instancias y preocupa que se quiera
direccionar la política pública en todos sus componentes hacia la Secretaría de Integración
Social, cuando se tienen espacios construidos en otras Secretarías, como es el caso de
Gobierno (IDPAC) donde ya se encuentran los Centros Comunitarios LGBTI, que podrían ser
desconocidos y anulados si toda la política pública en relación con la población se traslada de la
secretaria antes mencionada. Esta población considera que la política no se puede reducir al
goce efectivo del derecho, sino que debe garantizarse el tener la posibilidad de profundizar en
la discusión conceptual y de las categorías a través del enfoque de los derechos. Se trae a
mención dicha población para manifestar la preocupación no solo de estos sectores, sino de
algunos de otros sectores como la Población mayor, Afrobogotanos, indígenas, infancia,
mujeres, culturales entre otras poblaciones
RECOMENDACIONES DEL CTPD
Programas:
- Bogotá un territorio que defiende, protege y promueve los DDHH y los deberes ciudadanos.
- Lo público como un asunto de todos como garantía de los derechos humanos, políticos, sociales,económicos y ambientales.
Proyectos:
- Fortalecer e implementar de la Política Pública y el Plan de Acciones Afirmativas para la población Afro
- Bogotana en el Distrito Capital.
- Vinculación laboral para la población con discapacidad en todas las entidades del distrito (como lo ordena la
- Circular 01/12 de la Procuraduría General de la Nación).
- Realizar un estudio de la población Afrodescendiente en la ciudad.
- Reincorporar a los habitantes de la calle.
- Evaluar y reformular la política de juventud.
- Fortalecer organizativamente la Casa de Unidad Cultural para la población Afro bogotana, que posibilite los procesos continuos de aplicación e inclusión.
- Visibilizar a las personas de la población LGTBI en el marco de los derechos y de la libre expresión.
- Recuperar el manejo de bienes y recursos públicos para el sector público.
- Recuperación de las zonas de la ciudad abandonadas y convertidas en zonas inseguras.
- Fortalecimiento sectorial de la organización social y cualificación de los mecanismos, formas e instancias de participación, para avanzar en implementación, control y seguimiento de Políticas Públicas y otras tareas
- misionales donde se conjugue la participación.
- Activar el Sistema Distrital de Participación Ciudadana, promulgado en el marco de la Ley 152 de 1994.
- Fortalecer las instancias de participación tales como el Consejo Territorial de Planeación Distrital, los Consejos de Planeación Local y otras instancias sectoriales y territoriales.
- Democratizar de los procesos de contratación.
- Fortalecer y promocionar las organizaciones de base.
- Promover escenarios de capacitación a los promotores, funcionarios, y gestores encargados de los procesos de participación.
- Concertar acciones tendientes a fortalecer los Sub sistemas regionales de planeación en conjunto con los municipios y provincias de Cundinamarca cercanos a Bogotá, participando en procesos de implementación del Sistema Nacional de Planeación definidos en el Plan de Desarrollo Nacional.
- Fortalecer espacios e instancias de participación de propiedad horizontal. (MDCPH).
- Construir de forma concertada el Sistema Distrital de Planeación (Conjunción de Autoridades e Instancias para la Planeación Participativa y Reformas de Acuerdos 12 y 13).
Metas:
- Creación de 20 centros de conciliación.
- Crear un sistema de información de las diferentes poblaciones de la ciudad (ROM, Afros e indígenas)
- Fortalecimiento organizativo del sistema de juventud con recursos técnicos y administrativos.
- Disminuir los índices de violencia contra la mujer
- Conformar de un Consejo de Movilidad que realice seguimiento a planes y programas relacionados con la accesibilidad de todas las poblaciones a los medios de transporte.
- Creación de un Consejo de Seguridad para las mujeres, en el marco del Proyecto Ciudades Seguras paralas Mujeres. (Eje Segregación. Programa: Bogotá un territorio que defiende, protege y promueve losDDHH).
- Definir la agenda de ciudad para la participación social, comunitaria y ciudadana.
- Implementar y desarrollar conjuntamente la Política Publica de Participación (Dec. 503. Nov. De 2011).
- Construir de forma concertada del Sistema Distrital de Presupuestos Participativos (Acuerdo 257 de 2006) que deben ser vinculantes, por asambleas de barrio, con formación para la construcción de proyectos y con contratación directa con los actores sociales comprometidos con el proceso.
- Definir agenda para la puesta en marcha de tareas concernientes al Consejo Territorial de Planeación Distrital y a los Consejos Locales de Planeación, en concordancia con los Acuerdos 12 de 1.994, Acuerdo13 de 2.000 y Acuerdo 257 de 2.006 y demás normas que profundizan en la misión de estas instancias.
- Fortalecer las 19 mesas locales de propiedad horizontal y las 112 Mesas por UPZ de propiedad horizontal.
- Capacitar líderes de propiedad horizontal en formulación de proyectos, veeduría ciudadana, control social,liderazgo, resolución de conflictos, etc.
- Informar y capacitar en temas de seguridad, derechos humanos, derechos de mujeres, niños, prevención de la violencia, resolución de conflictos, fortalecimiento de los comités de convivencia, para el manejo de las problemáticas al interior de las copropiedades.