MODELO DE CIUDAD
Colombia, es un país que está determinado por un modelo de desarrollo asociado al modo de
producción capitalista, y con éste, su etapa más desarrollada: el neoliberalismo, siendo la
ciudad de Bogotá su principal referente. Modelo que se refleja en todos los ámbitos de la vida
de la ciudad y el territorio, tanto los públicos como los privados, lo cual genera a su vez una
visión territorial que se construye desde la década de los años 1990, orientada por las lógicas
del capital, cuyos principios de competitividad, eficiencia, eficacia, productividad, seguridad y
movilidad determinan, en la presente década, los Planes de Desarrollo y los Planes de
Ordenamiento Territorial, espacializando un modo de producción que basa todo su crecimiento
y progreso en las “oportunidades” de las fuerzas del mercado.
De igual modo, el modelo de ciudad basado en las políticas neoliberales ha significado el
desmonte de la búsqueda del denominado Estado del Bienestar -que nunca se alcanzó-, a
cambio de un Estado regulador del mercado. Este modelo ha venido efectuando la transferencia
de la responsabilidad pública al sector privado en materia de servicios públicos -privatización de
las empresas de electricidad, telefonía, gas natural, aseo y transporte-, en materia de servicios
sociales - imposición de un modelo de privatización de la salud, la educación y la cultura, entre
otros - en la venta de activos públicos3, y en otros asuntos de interés colectivo y de carácter
público.
Ello ha significado la apertura, del país y sus ciudades, y entre ellas Bogotá, al mercado global
con mínimas restricciones, generando la atracción de grandes capitales multinacionales. Con
ello, la economía ha profundizado su proceso de ajuste dominada por el sector terciario, a lo
cual se suman la reducción de los salarios e ingresos y la pérdida del poder adquisitivo del
dinero.
En síntesis, se puede afirmar, que el modelo de ciudad colombiana conjuga la interacción entre
modelo de desarrollo, modelo territorial y modelo urbano. Las ciudades colombianas, bajo la
dinámica que imprime el desarrollo del modo de producción capitalista, han venido ajustando y
variando tanto el modelo de desarrollo como el modelo de ciudad. Modelo que parte
fundamentalmente de reconocer un conjunto de población4 presente en el territorio disponible
para poder atender las distintas actividades y lógicas que establece el mercado; por lo tanto,
dentro de esa perspectiva el problema del modelo no se centra en resolverle la problemática ni
las necesidades al conjunto de la población, sino en disponer de los recursos que están en ese
territorio, para poder fortalecer el modelo, indistintamente de que todos puedan ser beneficiados
o no. Consecuentemente con esto, el modelo no está planteado como una alternativa para
resolver las lógicas de segregación y exclusión de la ciudad; está pensado como un mecanismo
que permita una mirada y una perspectiva desde un sector de la sociedad, orientado por las
lógicas del capital, que concibe el territorio frente a unos fines específicos.
Sin embargo, la implementación de este modelo ha agravado los problemas estructurales y las
promesas de “bondades” que anuncia no han logrado aportar a su solución para la ciudad y
para la sociedad. El desarrollo de la informalidad y la segregación en todas sus manifestaciones
(física, económica, social, cultural, jurídica, ambiental), se mantienen y tienden a profundizarse
debido al aumento de la brecha entre pobreza y riqueza, sumado a los fenómenos como el
aumento del número de desplazados que llega a la ciudad, el aumento del número de
desempleados, el acumulado de los problemas no resueltos en materia de infraestructura
barrial, local y rural, así como las nuevas condiciones y tarifas establecidas para el acceso y
disfrute de los servicios públicos domiciliarios y los servicios sociales. Esta concepción de la
planeación, que se plasma a su vez en una visión de ciudad, se ha venido implementando
desde los años 1990 en la ciudad colombiana, y continúa generando problemas estructurales
en el crecimiento urbano al estar determinando el conjunto del desarrollo urbano a la
racionalidad del mercado exclusivamente.
La ausencia de un modelo de ciudad compartido en Bogotá y por tanto un modelo de desarrollo
y ciudad incluyente que se materialice a través de las políticas públicas se ha convertido en sí
misma en una de las causas de mayor peso de los conflictos urbanos y territoriales, al permitir
por anomia la permanencia y desarrollo de problemáticas que se van acumulando y mutando
entre sí para adaptarse a nuevos tiempos y a nuevos problemas. A ello se suma un proceso de
urbanización continuo que mantiene una tendencia a acentuarse en los próximos años,
incidiendo en el crecimiento, al parecer, “ilimitado” de las ciudades.
El neoliberalismo a través de planes y proyectos concreta el modelo de desarrollo y consolida
un modelo de ciudad donde la ‘racionalidad’ en el uso y gestión del suelo, de los recursos y de
la proyección hacia el futuro juegan un papel de sustento de procesos de recorte de las
funciones Estatales y aumento de las responsabilidades fiscales de los usuarios urbanos y
rurales, de privatización y de ‘cosificación’ de la ciudadanía que se define sujeta al consumo,
desde el básico para suplir las necesidades más cotidianas de alimento o techo, hasta otros
consumos de carácter más complejo como los ‘proyectos de participación’ como única vía de
entrada a recursos de inversión pública para el mejoramiento de las condiciones de vida en la
escala de la comunidad.
Sin embargo, el quiebre actual del neoliberalismo plasmado en las crisis de la Unión Europea y
los Estados Unidos, quienes buscan recomponer sus utilidades ampliándose a nuevos
mercados “emergentes” como la ciudad de Bogotá. En este territorio encuentran un campo
abonado para la “inversión” y el aprovechamiento de un mercado cautivo a partir de la
aglomeración existente. Allí también se encuentran los TLCs firmados que reconocen esta
importancia.
Entonces, pensar un modelo de ciudad incluyente, una Bogotá para todos, conlleva también
reconocer la crisis de los partidos y su pérdida de legitimidad por el manejo dado a la ciudad en
los últimos años, la crisis de algunas ideas de izquierda poco desarrolladas en Bogotá; implica,
también reconocer las trayectorias en términos de acumulados y falencias de que dispone la
ciudad. Por tanto, no es lo mismo el Modelo de ciudad que el Modelo de gobierno y en el
reconocimiento y precisión de esta diferencia se encuentra el marco específico sobre el cual la
ciudad puede avanzar. De allí la importancia que representa el PDD Bogotá Humana, en tanto
sea concertado con los intereses mayoritarios de la ciudad.
Ello significa que el reconocimiento de lo urbano y su marco normativo no son nuevos, tiene una
trayectoria que hay que identificar con claridad y que evidencia la profundización del modelo
que hoy se impone en Bogotá. Entre estas encontramos la Ley 9/89 que sitúa la importancia
estratégica de la ciudad (Planes de Desarrollo); el cambio constitucional en 1991, que reconoce
el hecho urbano; la Ley 99/93 que crea el sistema nacional ambiental; la formulación de la
política urbana; la Ley 388/97 (Planes de Ordenamiento), y la recientemente formulada Ley
1454/11 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial – LOOT-.Sin embargo, su reconocimiento
no elimina el hecho de la crisis recurrente en la ciudad. Crisis que atenta contra factores como
la sustentabilidad o el ambiente y que ante todo generan una ciudad inequitativa e injusta.
Bogotá como ciudad no ha cambiado desde su perspectiva estructural ya que los escenarios
para su diseño estratégico, continúan orientándose de la misma manera que se ha hecho
históricamente, con lo cual el modelo de ciudad sigue siendo de modo prioritario un modelo que
basa todos sus esfuerzos en las capacidades del mercado. Es decir, se da continuidad a una
serie de prácticas y políticas vinculadas a la configuración de un modelo de ciudad que
privilegia el mercado y el capital. Este modelo se ha profundizado en cada administración de la
ciudad desde 1991, indistintamente de la administración que está al frente de la dirección de la
ciudad. Administraciones que han mantenido el esquema de prevalencia del interés de los
grandes capitales, por encima de las soluciones a los problemas de la ciudad. Todos han
trabajado sobre los mismos ejes de la ciudad, sin mirar los impactos generados sobre la
población. Ello es evidente cuando al mismo tiempo que aumenta la acumulación de riquezas
de un grupo reducido, aumenta la segregación, la pobreza y las problemáticas sociales de la
mayoría de la población presente en la ciudad.
En ese sentido es claro que una cosa es ser gobierno y otra es tener el poder. Para cambiar el
modelo hay que hacer un proceso que modifique las bases estructurales que mantienen el statu
quo. Ser gobierno hoy en día significa jugar con las reglas existentes, reglas definidas por un
pensamiento que privilegia los intereses particulares y del mercado, reglas que amarran
absolutamente todas las dinámicas de la sociedad y por ende de la administración de turno. Ello
implica establecer una estrategia que permita construir una mirada colectiva, inclusiva,
democrática, que garantice alternativas reales para los habitantes de Bogotá. Ello implica
privilegiar los intereses colectivos frente a los particulares.
Significa, a su vez, reconocer que Bogotá es un escenario privilegiado del modelo globalizado,
ya que la ciudad se ha constituido es un escenario de aglomeración significativo para el
mercado mundial, y desde esa perspectiva Bogotá es cada vez más atractiva para ese modelo
vinculado al capital financiero, la movilidad de mercancías y materias primas y la recomposición
del mercado internacional. Un reflejo de ello es como hoy Bogotá se ha convertido es un
escenario prioritario de inversión de capitales transnacionales de los sectores inmobiliarios
norteamericano y europeo que están en crisis y encuentran altamente rentable hacer
inversiones aquí. Inversiones con menor capital, rápida recuperación y más garantías que en
sus propios países. Por tanto, hay una dinámica de orden global que se está instalando
paulatinamente en Bogotá. Pero esos capitales no traen más riqueza para todos, si miramos
indicadores como el coeficiente de Gini, en los últimos diez años se observa como la mayor
riqueza generada en la ciudad, cada día está más concentrada en pocas manos.
En el marco del modelo de ciudad es claro que el problema no es la “norma” y la construcción
de las políticas públicas, se pueden modificar todas las veces que quiera, pero ellas por sí solas
no resuelven los problemas acumulados. El problema es cómo se resuelven las condiciones
estructurales que genera el modelo vigente y afectan a la población más necesitada. En esta
medida es necesario reforzar los procesos de participación ciudadana con la capacidad de
tomar parte en las decisiones, se requiere conversar con las comunidades y considerar sus
propuestas. Es necesario reconocer la mayoría de edad a la población bogotana, y no seguir
asumiendo que la población que habita en los territorios es incapaz de pensar cómo se
construye este. Reconocer la capacidad que tiene de pensarse el territorio, presentar
alternativas a sus problemas y dar soluciones. Es mediante un dialogo de saberes como se
construyen y establecen los parámetros de lo que ha de ser un modelo de ciudad que beneficie
a todos, que nos incluya a todos. En tanto ello no suceda, la población seguirá resolviendo, tal
como lo ha hecho por años, el acceso a la vivienda, a los servicios públicos, a la movilidad, y
demás necesidades personales, colectivas y urbanas por la vía de la informalidad. Así pues,
podría decirse que el problema es que las políticas públicas no las determina el interés
mayoritario, a éstas las sigue determinando el interés particular, principalmente los intereses
gremiales.
Prefigurar las bases de un nuevo modelo para la ciudad implica una férrea decisión política que
supone jugársela frente a todas las presiones que se van a venir. El problema no es la ausencia
de ideas en esta ciudad, el problema radica en que las ideas transformadoras no son las que
están estableciendo la lógica de lo que se debe hacer. En síntesis en necesario revertir un
modelo de ciudad que sigue privilegiando los intereses particulares en contravía de las
necesidades e interés mayoritarios de la ciudad.
En ello el papel de la planeación y el ordenamiento en la construcción de ciudad es fundamental
y requiere mantener una reflexión con perspectiva estructural. Por ello el papel que debe jugar
el CTPD debe ir más allá de una instancia consultiva del gobierno de la ciudad y constituirse en
un escenario propositivo y líder de las políticas públicas vinculadas al ejercicio de la planeación,
en este caso la construcción del PDD.
Pensar y hacer de la planeación un ejercicio común, implica asumir un ordenamiento que se
constituya desde la posibilidad colectiva de ordenar el territorio y no desde la idea de
operativizar una serie de órdenes provenientes desde los centros de poder. Y para esto se
requiere precisar otra noción de desarrollo, que pasa por asumir desde nuestra condición,
cualquiera que sea, el ser conciencia crítica. Para los intelectuales implica además asumir el
reto del nuevo siglo que en palabras del maestro Fals se sintetiza como:
“(…) el diseñar y vigilar la construcción de una nueva sociedad entre nosotros, capaz de llevar a
su realización plena las potencialidades de la tierra y de llenar las aspiraciones de quienes la
habitamos y trabajamos, especialmente de los miembros de las clases humildes.” (FALS, 2005:
16)
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3 En esta misma dirección, el nivel central del Estado ha efectuado la entrega de concesiones viales y servicios aeroportuarios, al igual que la venta de la banca pública y el saneamiento de la privada con dineros públicos, entre otros; volviendo una política pública la colectivización de los errores privados y, por tanto, socializando sus pérdidas, más no sus utilidades.
4 Un nuevo Ejercito Industrial de Reserva -EIR-, no como lo definiese Karl Marx en su momento, en su Crítica de la Economía Política que refiere a la existencia, en las sociedades cuyo modo de producción es el capitalista, de una población cuya fuerza de trabajo resulta excedentaria respecto a las necesidades de la acumulación del capital, sino un EIR moderno, que ya no está disponible de manera exclusiva para satisfacer las necesidades de la producción industrial o manufacturera -como proletariado-, sino que está dispuesto a todo lo que haya que hacer, con la idea del menor esfuerzo y la mayor rentabilidad, llegando incluso a estar dispuestos a “emplearse” como mano de obra para las acciones delincuenciales, el narcotráfico, el paramilitarismo, entre otros “trabajos”.