1.2. Participación y democracia: la tensión entre mercado e igualdad (5)
Para complementar las bases contextuales frente a la discusión del tipo de enfoque que
necesita un PDD para una Bogotá Humana, es fundamental aportar algunas reflexiones sobre
la participación. Hay que empezar de la afirmación que caracteriza nuestro sistema político
como una democracia delegativa y de mercado, que marca las posibilidades reales de
participación de los ciudadanos y limita su papel y potencialidades al rol que como
consumidores o como “carne electoral” puedan desempeñar.
La búsqueda de la expansión de las relaciones de mercado además de la reivindicación de
derechos civiles y políticos se fusionaron en el intento de asegurar “la libertad de elección” en
todas las dimensiones, se asume entonces que la libertad se circunscribe a la posibilidad de
elegir, pero no se trata de una elección ampliamente entendida: la elección como atributo del
individuo se soportó sobre la teoría económica de la elección racional, que aparece como un
modelo en el cual los comportamientos individuales pueden ser modelados en términos de una
función de preferencia, definida por la lógica de maximización de ciertos insumos tales como
bienes y servicios, capital humano y capital social.
Pero valga aclarar que esa libertad de postularse como representante en el plano político no
tuvo, ni tiene eco en el plano económico, más aún la libertad de elección en el campo político se
separa estructuralmente del campo económico; tal separación se materializa en la más grande
contradicción de la democracia de mercado, que se podría simplificar en el hecho de que
mientras la libertad en términos políticos implica la búsqueda de la igualdad entre seres
humanos en el marco de los derechos civiles y políticos, la libertad entendida desde la
perspectiva económica restringe la anterior gracias a que mediante las relaciones capitalistas
de producción “… crea una desigualdad social tan grande que corre la libertad.” (Held, 1997:
214).
Es necesario plantear que la libertad es precondición para la participación, la libertad surge de
las condiciones de autonomía, la cual como principio en el campo político implica la
autodeterminación, la capacidad de deliberar, juzgar, elegir la dirección de la colectividad
política, actuar como hacedor de la propia vida, gozar de los mismos derechos y cargar con los
mismos deberes en la esfera pública y la privada, todo lo anterior dentro de una estructura de
poder legalmente circunscrita que asegura la no afectación de los derechos de los demás.
Por contraste en el contexto económico capitalista se define como la “…libertad de acumular
riquezas de forma ilimitada, de organizar la actividad económica en empresas jerárquicamente
ordenadas y de hacer de las exigencias del capital los imperativos de la sociedad en su
conjunto” (Dahl, 1985 citado por Held 1997: 214).
Esta desigualdad social materializada en la clase social, restringe de entrada las perspectivas
de participación de los individuos, estamos frente uno de los principales factores de exclusión y
ello reside en el hecho de que “si las necesidades intermedias no son satisfechas y las
personas no pueden participar plenamente en su comunidad política, el potencial para intervenir
en la vida pública y la privada quedará cercenado”. (Held 1997: 292)
La primera propuesta, muy difícil de alcanzar en este contexto colombiano consiste en la
reconversión del Estado en busca del bienestar de sus ciudadanos. Desarrollemos la siguiente
reflexión: “la interferencia social o política contra la autonomía individual sólo se puede justificar
cuando un acto (o una omisión) intencionado o no, “daña o perjudica a los demás”; es decir
cuando disminuye o erosiona su posibilidad legal de recompartir la autonomía dentro del
contexto de la comunidad. (Held 1997: 255); entonces podría decirse que si el mercado
restringe la autonomía, es pues legítimo que se desarrolle una interferencia social o política en
él.
En otras palabras, si la consolidación de un derecho público democrático es la fundación de la
autonomía, y el Estado legal democrático promete protección y seguridad a todas y cada una de
las personas que acepten su regulación; entonces el Estado democrático, a diferencia del
Estado neoliberal, debe intervenir la economía para prevenir y mitigar las restricciones del
mismo sobre la autonomía de los ciudadanos, de tal forma que asegure la satisfacciones de las
necesidades intermedias. La mínima eticidad aquí presentada solo puede tener un correlato en
las posibilidades reales de ejercicio de la democracia, y ello nos remite a un modelo de
deliberación permanente que involucre a cada uno de los ciudadanos en la toma de decisiones.
En últimas, se trataría de constituir una nueva ciudad que articula los intereses de las
comunidades en el escenario de “lo público”.
Es preciso y fundamental aclarar, que se parte del reconocimiento de los procesos sociales,
múltiples y diversos, que desde la práctica sistemática y situada en los escenarios de
participación, desde el hecho de reivindicarse existente en torno a acciones afirmativas, han
logrado darle un roll significativo a las poblaciones, permitiendo no solamente su existencia
nominal, sino por sobre todo, la consolidación de espacios urbanos que van tejiendo el
entramado deseado de una ciudad que habla y camina, una ciudad hecha socialmente. Una
ciudad que dialoga con los más importantes avances en términos de derechos a escala mundial
y que desde allí, fortalece las posibilidades de apertura, rompiendo las fronteras de la
marginalidad.
De manera más profunda, éste enfoque, considerado punto de partida, impone en la actualidad
debates y reflexiones críticas, sobre los alcances de la emergencia de la(s) diferencia(s) en
contextos urbanos, donde las necesidades materiales fundamentales aún no resueltas en
bastas capas de la población, aparecen como problemáticas urgentes a tener en cuenta. Sin
buscar retroceder en los importantes logros ya mencionada, se trata por el contrario, de
sistematizar y socializar los aprendizajes de estos procesos poblacionales, de género, de
derechos y territoriales y, de otra parte, potenciar todos sus logros en ejercicios prácticos que
tiendan a socavar los nodos en los que se ancla la desigualdad, la segregación y la precariedad
de la vida urbana.
1.2.1. Limitaciones y retos de la participación
La participación se convierte de nuevo en la papa caliente en la cual se fincan esperanzas y
expectativas de la Sociedad Civil y en las cuales la Administración con mesura deberá
reconocer que existen en la ciudad procesos que, aun sin estar reglados como los reconocidos
en norma y avalados institucionalmente, han concentrado esfuerzos para apuntalar propuestas
que resuelvan conflictos de orden territorial y social que afectan a un sin numero de habitantes
de la ciudad.
Esto amerita una revisión exhaustiva por parte del Gobierno Distrital para definir qué tipo de
gestores requiere la participación en la ciudad, ya que no puede seguir siendo la inventiva y la
improvisación la que marque los destinos de la participación a través de la publicación de
manuales y formatos calcados, que nos digan cómo participar, tampoco unas convocatorias en
donde muchas veces se equivocan hasta en el rótulo que le colocan al evento, por ejemplo un
FORO donde solo se escuchan a los funcionarios y contratistas pero la comunidad no tiene la
palabra, para justificar con planillas firmadas y con entrega de refrigerios convocatorias que solo
argumentan el informe del proceso contractual del operador o contratista y son sus
conclusiones e interpretaciones las que califican la “participación” de la ciudadanía.
En el caso del CTPD se han evidenciado los avances de los últimos años concentrados no solo
en conceptuar los Planes propuestos por la Administración, sino en buscar elementos comunes
que nos permitan concertar y construir de forma conjunta Política Publica como la Participación
(Decreto 503 de Nov. 2011), además de construir propuestas en torno a los Ajustes al Plan de
Ordenamiento Territorial , el desarrollo Regional y la Descentralización que consensuó a las
Juntas Administradoras Locales de la ciudad y produjo el Manifiesto de la Descentralización,
esto sin contar como se ha ido posicionando los Derechos, la Igualdad, la equidad y la
perspectiva de genero en cada una de las construcciones documentales para posicionar desde
la discusión colectiva la mirada diversa a las poblaciones que hoy lo componen y que insistimos
en Planes para la ciudad con énfasis en Derechos como garantía para los habitantes de la
Ciudad Capital, pero aun ello sigue siendo dinámico y se actualiza en cada tema de las
poblaciones y grupos etarios por las preocupaciones que a diario surgen en el escenario.
Definir reglas de juego de forma conjunta, generar confianzas y avanzar en la construcción de
Ciudad y Ciudadanía Activa, escuchar en consultas previas a la ciudadanía, deben constituirse
en acciones para ir definiendo la metodología que oriente el que hacer de la participación,
deben demostrar que la voluntad no solo esta en manos de quienes toman las decisiones
porque hoy hay una Participación Social que en Bogotá evidencia avances significativos en el
diagnostico y mapeo hacia la construcción social del territorio.
Valoramos la apuesta que hace el Gobierno de la Bogotá Humana en materia de participación y
control social por que pone un plus en el tema anticorrupción y da mayor relevancia a las
necesidades de los territorios y las comunidades, no sin antes advertir que ahí estamos y que
no podemos permitir calificativos de ninguna índole que mengüen nuestra moral y nuestra
disposición de seguir trabajando por una Bogotá Posible para todos, que ojala en procesos
ordenados y secuenciales no simultáneos, no desgaste ni desencante la voluntad ciudadana
de participar. Establezcamos los momentos donde se requiere que la sociedad aporte al
desarrollo y a la planificación de la ciudad sin anteponer escenarios que deslegitimen los
procesos sociales ya reconocidos y apropiados por la comunidad.
Algunos problemas que enfrenta la participación son:
- Uno de los planteamientos más generalizados hace referencia a la falta de información
oportuna y de fácil comprensión sobre los procesos e instrumentos para la planeación.
Muchas veces los asistentes a escenarios en donde se trata estos temas, reciben
información insuficiente o demasiado especializada, aspectos que limitan las
posibilidades de incidencia; además la información es brindada en los mismos
escenarios lo cual deja poco tiempo para su revisión minuciosa y detallada.
El lenguaje técnico de los insumos y facilitadores de los espacios de participación
institucionales merece su identificación como una problemática específica. Es necesario
volver pedagógicos dichos contenidos, de tal forma que aquello que constituye una
intencionalidad política a través de una normativa sea aprehensible como implicaciones
y efectos materiales en el territorio.
Se diagnosticó una desmotivación generalizada frente al ejercicio de la participación
propuesta desde la institucionalidad, se denuncia la recurrencia de escenarios en los
cuales la ciudadanía va a legitimar con su sola presencia las decisiones ya tomadas, lo
cual hace de este tipo de participación un simulacro.
Hace falta “unicidad” en la representación institucional.
Los canales y mecanismos de la participación institucional deben tener en cuenta las
diferencias poblacionales, desde grupos de edad hasta especificidades étnicas,
pasando por el género. Así puede adecuar lenguajes, contenidos y generar respuestas
específicas a los intereses grupales.
Desde una perspectiva de discriminación positiva, la institucionalidad distrital debe
generar las cualificaciones necesarias para que las comunidades organizadas
puedan negociar con otros actores, sobre todo el sector privado.
El sostenimiento de la participación propuestas desde la institucionalidad debe adquirir
un carácter procesual (permanente en el tiempo) reemplazando el carácter eventual
que la ha caracterizado.
Desde una perspectiva de democracia deliberativa y verdadera participación se necesita
el concurso de la mayor cantidad de ciudadanos y procesos sociales, a través de
metodologías que viabilicen la concertación y la representatividad de las decisiones. Ello
exige que los procesos participativos propuestos desde la institucionalidad deban
planearse y convocar con los suficientes recursos y anterioridad para asegurar la
asistencia informada y la participación incidente.
___________________________________________________________________________________
5 Los aportes sobre participación fueron tomados fundamentalmente del texto construido por el CTPD, bajo la coordinación de Federico Parra, en la Mesa de Participación, desarrollada en 2007 en el marco del proceso de Revisión del POT. CTPD – UNC – SDP.
Para complementar las bases contextuales frente a la discusión del tipo de enfoque que
necesita un PDD para una Bogotá Humana, es fundamental aportar algunas reflexiones sobre
la participación. Hay que empezar de la afirmación que caracteriza nuestro sistema político
como una democracia delegativa y de mercado, que marca las posibilidades reales de
participación de los ciudadanos y limita su papel y potencialidades al rol que como
consumidores o como “carne electoral” puedan desempeñar.
La búsqueda de la expansión de las relaciones de mercado además de la reivindicación de
derechos civiles y políticos se fusionaron en el intento de asegurar “la libertad de elección” en
todas las dimensiones, se asume entonces que la libertad se circunscribe a la posibilidad de
elegir, pero no se trata de una elección ampliamente entendida: la elección como atributo del
individuo se soportó sobre la teoría económica de la elección racional, que aparece como un
modelo en el cual los comportamientos individuales pueden ser modelados en términos de una
función de preferencia, definida por la lógica de maximización de ciertos insumos tales como
bienes y servicios, capital humano y capital social.
Pero valga aclarar que esa libertad de postularse como representante en el plano político no
tuvo, ni tiene eco en el plano económico, más aún la libertad de elección en el campo político se
separa estructuralmente del campo económico; tal separación se materializa en la más grande
contradicción de la democracia de mercado, que se podría simplificar en el hecho de que
mientras la libertad en términos políticos implica la búsqueda de la igualdad entre seres
humanos en el marco de los derechos civiles y políticos, la libertad entendida desde la
perspectiva económica restringe la anterior gracias a que mediante las relaciones capitalistas
de producción “… crea una desigualdad social tan grande que corre la libertad.” (Held, 1997:
214).
Es necesario plantear que la libertad es precondición para la participación, la libertad surge de
las condiciones de autonomía, la cual como principio en el campo político implica la
autodeterminación, la capacidad de deliberar, juzgar, elegir la dirección de la colectividad
política, actuar como hacedor de la propia vida, gozar de los mismos derechos y cargar con los
mismos deberes en la esfera pública y la privada, todo lo anterior dentro de una estructura de
poder legalmente circunscrita que asegura la no afectación de los derechos de los demás.
Por contraste en el contexto económico capitalista se define como la “…libertad de acumular
riquezas de forma ilimitada, de organizar la actividad económica en empresas jerárquicamente
ordenadas y de hacer de las exigencias del capital los imperativos de la sociedad en su
conjunto” (Dahl, 1985 citado por Held 1997: 214).
Esta desigualdad social materializada en la clase social, restringe de entrada las perspectivas
de participación de los individuos, estamos frente uno de los principales factores de exclusión y
ello reside en el hecho de que “si las necesidades intermedias no son satisfechas y las
personas no pueden participar plenamente en su comunidad política, el potencial para intervenir
en la vida pública y la privada quedará cercenado”. (Held 1997: 292)
La primera propuesta, muy difícil de alcanzar en este contexto colombiano consiste en la
reconversión del Estado en busca del bienestar de sus ciudadanos. Desarrollemos la siguiente
reflexión: “la interferencia social o política contra la autonomía individual sólo se puede justificar
cuando un acto (o una omisión) intencionado o no, “daña o perjudica a los demás”; es decir
cuando disminuye o erosiona su posibilidad legal de recompartir la autonomía dentro del
contexto de la comunidad. (Held 1997: 255); entonces podría decirse que si el mercado
restringe la autonomía, es pues legítimo que se desarrolle una interferencia social o política en
él.
En otras palabras, si la consolidación de un derecho público democrático es la fundación de la
autonomía, y el Estado legal democrático promete protección y seguridad a todas y cada una de
las personas que acepten su regulación; entonces el Estado democrático, a diferencia del
Estado neoliberal, debe intervenir la economía para prevenir y mitigar las restricciones del
mismo sobre la autonomía de los ciudadanos, de tal forma que asegure la satisfacciones de las
necesidades intermedias. La mínima eticidad aquí presentada solo puede tener un correlato en
las posibilidades reales de ejercicio de la democracia, y ello nos remite a un modelo de
deliberación permanente que involucre a cada uno de los ciudadanos en la toma de decisiones.
En últimas, se trataría de constituir una nueva ciudad que articula los intereses de las
comunidades en el escenario de “lo público”.
Es preciso y fundamental aclarar, que se parte del reconocimiento de los procesos sociales,
múltiples y diversos, que desde la práctica sistemática y situada en los escenarios de
participación, desde el hecho de reivindicarse existente en torno a acciones afirmativas, han
logrado darle un roll significativo a las poblaciones, permitiendo no solamente su existencia
nominal, sino por sobre todo, la consolidación de espacios urbanos que van tejiendo el
entramado deseado de una ciudad que habla y camina, una ciudad hecha socialmente. Una
ciudad que dialoga con los más importantes avances en términos de derechos a escala mundial
y que desde allí, fortalece las posibilidades de apertura, rompiendo las fronteras de la
marginalidad.
De manera más profunda, éste enfoque, considerado punto de partida, impone en la actualidad
debates y reflexiones críticas, sobre los alcances de la emergencia de la(s) diferencia(s) en
contextos urbanos, donde las necesidades materiales fundamentales aún no resueltas en
bastas capas de la población, aparecen como problemáticas urgentes a tener en cuenta. Sin
buscar retroceder en los importantes logros ya mencionada, se trata por el contrario, de
sistematizar y socializar los aprendizajes de estos procesos poblacionales, de género, de
derechos y territoriales y, de otra parte, potenciar todos sus logros en ejercicios prácticos que
tiendan a socavar los nodos en los que se ancla la desigualdad, la segregación y la precariedad
de la vida urbana.
1.2.1. Limitaciones y retos de la participación
La participación se convierte de nuevo en la papa caliente en la cual se fincan esperanzas y
expectativas de la Sociedad Civil y en las cuales la Administración con mesura deberá
reconocer que existen en la ciudad procesos que, aun sin estar reglados como los reconocidos
en norma y avalados institucionalmente, han concentrado esfuerzos para apuntalar propuestas
que resuelvan conflictos de orden territorial y social que afectan a un sin numero de habitantes
de la ciudad.
Esto amerita una revisión exhaustiva por parte del Gobierno Distrital para definir qué tipo de
gestores requiere la participación en la ciudad, ya que no puede seguir siendo la inventiva y la
improvisación la que marque los destinos de la participación a través de la publicación de
manuales y formatos calcados, que nos digan cómo participar, tampoco unas convocatorias en
donde muchas veces se equivocan hasta en el rótulo que le colocan al evento, por ejemplo un
FORO donde solo se escuchan a los funcionarios y contratistas pero la comunidad no tiene la
palabra, para justificar con planillas firmadas y con entrega de refrigerios convocatorias que solo
argumentan el informe del proceso contractual del operador o contratista y son sus
conclusiones e interpretaciones las que califican la “participación” de la ciudadanía.
En el caso del CTPD se han evidenciado los avances de los últimos años concentrados no solo
en conceptuar los Planes propuestos por la Administración, sino en buscar elementos comunes
que nos permitan concertar y construir de forma conjunta Política Publica como la Participación
(Decreto 503 de Nov. 2011), además de construir propuestas en torno a los Ajustes al Plan de
Ordenamiento Territorial , el desarrollo Regional y la Descentralización que consensuó a las
Juntas Administradoras Locales de la ciudad y produjo el Manifiesto de la Descentralización,
esto sin contar como se ha ido posicionando los Derechos, la Igualdad, la equidad y la
perspectiva de genero en cada una de las construcciones documentales para posicionar desde
la discusión colectiva la mirada diversa a las poblaciones que hoy lo componen y que insistimos
en Planes para la ciudad con énfasis en Derechos como garantía para los habitantes de la
Ciudad Capital, pero aun ello sigue siendo dinámico y se actualiza en cada tema de las
poblaciones y grupos etarios por las preocupaciones que a diario surgen en el escenario.
Definir reglas de juego de forma conjunta, generar confianzas y avanzar en la construcción de
Ciudad y Ciudadanía Activa, escuchar en consultas previas a la ciudadanía, deben constituirse
en acciones para ir definiendo la metodología que oriente el que hacer de la participación,
deben demostrar que la voluntad no solo esta en manos de quienes toman las decisiones
porque hoy hay una Participación Social que en Bogotá evidencia avances significativos en el
diagnostico y mapeo hacia la construcción social del territorio.
Valoramos la apuesta que hace el Gobierno de la Bogotá Humana en materia de participación y
control social por que pone un plus en el tema anticorrupción y da mayor relevancia a las
necesidades de los territorios y las comunidades, no sin antes advertir que ahí estamos y que
no podemos permitir calificativos de ninguna índole que mengüen nuestra moral y nuestra
disposición de seguir trabajando por una Bogotá Posible para todos, que ojala en procesos
ordenados y secuenciales no simultáneos, no desgaste ni desencante la voluntad ciudadana
de participar. Establezcamos los momentos donde se requiere que la sociedad aporte al
desarrollo y a la planificación de la ciudad sin anteponer escenarios que deslegitimen los
procesos sociales ya reconocidos y apropiados por la comunidad.
Algunos problemas que enfrenta la participación son:
- Uno de los planteamientos más generalizados hace referencia a la falta de información
oportuna y de fácil comprensión sobre los procesos e instrumentos para la planeación.
Muchas veces los asistentes a escenarios en donde se trata estos temas, reciben
información insuficiente o demasiado especializada, aspectos que limitan las
posibilidades de incidencia; además la información es brindada en los mismos
escenarios lo cual deja poco tiempo para su revisión minuciosa y detallada.
El lenguaje técnico de los insumos y facilitadores de los espacios de participación
institucionales merece su identificación como una problemática específica. Es necesario
volver pedagógicos dichos contenidos, de tal forma que aquello que constituye una
intencionalidad política a través de una normativa sea aprehensible como implicaciones
y efectos materiales en el territorio.
Se diagnosticó una desmotivación generalizada frente al ejercicio de la participación
propuesta desde la institucionalidad, se denuncia la recurrencia de escenarios en los
cuales la ciudadanía va a legitimar con su sola presencia las decisiones ya tomadas, lo
cual hace de este tipo de participación un simulacro.
Hace falta “unicidad” en la representación institucional.
Los canales y mecanismos de la participación institucional deben tener en cuenta las
diferencias poblacionales, desde grupos de edad hasta especificidades étnicas,
pasando por el género. Así puede adecuar lenguajes, contenidos y generar respuestas
específicas a los intereses grupales.
Desde una perspectiva de discriminación positiva, la institucionalidad distrital debe
generar las cualificaciones necesarias para que las comunidades organizadas
puedan negociar con otros actores, sobre todo el sector privado.
El sostenimiento de la participación propuestas desde la institucionalidad debe adquirir
un carácter procesual (permanente en el tiempo) reemplazando el carácter eventual
que la ha caracterizado.
Desde una perspectiva de democracia deliberativa y verdadera participación se necesita
el concurso de la mayor cantidad de ciudadanos y procesos sociales, a través de
metodologías que viabilicen la concertación y la representatividad de las decisiones. Ello
exige que los procesos participativos propuestos desde la institucionalidad deban
planearse y convocar con los suficientes recursos y anterioridad para asegurar la
asistencia informada y la participación incidente.
___________________________________________________________________________________
5 Los aportes sobre participación fueron tomados fundamentalmente del texto construido por el CTPD, bajo la coordinación de Federico Parra, en la Mesa de Participación, desarrollada en 2007 en el marco del proceso de Revisión del POT. CTPD – UNC – SDP.